Esos barrios, que la especialista llama “urbanizaciones cerradas polderizadas (con terraplenes perimetrales)”, “implican una profunda alteración de las características morfológicas naturales, no solo para alcanzar las cotas de nivel de piso habitable en las parcelas de uso residencial (relleno), sino para generar nuevos cuerpos de agua (dragado y refulado)”
Eso implica, por ejemplo, excavar para crear lagunas artificiales y utilizar esa tierra para rellenar áreas bajas.
Además como estos barrios están en áreas anegables, se construyen terraplenes perimetrales de entre seis a 10 metros de altura, para protegerlos del ingreso del agua exterior.
“Sirven de protección pero a la vez ofician de diques y generan situaciones de anegamiento en barrios vecinos”. “Lo que los protege a ellos perjudica a los que están fuera”, sintetizó la geógrafa.
En Tigre, 10 por ciento de sus 350.000 habitantes viven en barrios de ese tipo, que ocupan la mitad del territorio, según ilustró a Tierramérica el secretario general del municipio, Martín Gianella.
“Es lo que llamamos un modelo de segregación socio-territorial. Se divide a través de muros territorios y sociedad”, sostuvo.
Gianella, aclaró que Tigre, en el norte del llamado Gran Buenos Aires, históricamente se ha inundado por sudestadas.
“Lo novedoso que vivimos los últimos cinco años, son inundaciones por lluvias, que no es casual que principalmente ocurran en barrios colindantes con barrios cerrados desarrollados la última década”, sostuvo.
El funcionario exhortó al municipio a controlar y regular esas construcciones y “a exigir un impuesto especial a esos mega desarrolladores, para invertirlo en las obras hidráulicas necesarias”.
Robledo destacó que los cambios de los regímenes hidráulicos no afectan solo a las áreas aledañas a barrios cerrados, porque Buenos Aires es una llanura atravesada por cuencas hidrográficas.
“La ciudad es parte de un metabolismo urbano, lo que se produce en un lugar afecta en el resto”, explicó. Por ello, las soluciones deben ser “interjurisdiccionales”, dijo.
Según la urbanista, la construcción de esos barrios cerrados “favorece la privatización de la ciudad y la especulación inmobiliaria, en detrimento del resto de la población”.
Con base en una “lógica de rentabilidad” sobre el valor del suelo, “las empresas compran áreas inundables e históricamente baratas, las rellenan para hacerlas habitables y generan ganancias extraordinarias”, resumió.
“Es resultado del crecimiento de un modelo de desarrollo de ciudad adoptado por municipios muy propensos a favorecer el desembarco de grandes corrientes de inversión”, añadió Pintos.
Ambas coincidieron en que las normas y los mapas de riesgo socio-ambientales para regular esas construcciones existen, pero que no se aplican.
Los grandes emprendedores inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, como Gonzalo Monarca, presidente del Grupo Monarca, negaron ser responsables del problema que atribuyen al cambio climático.
“Es una argumentación falaz”, reaccionó Robledo. “El cambio climático se evidencia a nivel mundial pero las consecuencias son menores o mayores de acuerdo a como la población se asiente sobre las ciudades.
“Si ocupamos un valle de inundación que sirve para que lo ocupe el agua cuando crece el río, es obvio que el agua va a escurrir hacia otras áreas”, reafirmó.
Robledo consideró que de no regular y prohibir este tipo de emprendimientos, las ciudades permanecerán inundadas cada vez más tiempo y con mayor frecuencia, hasta con lluvias menos copiosas.
Pintos va más lejos con soluciones que son “poco simpáticas (políticamente)” y “muy onerosas”, pero que no deben descartarse ante el agravamiento del problema.
Recordó experiencias de relocalización de poblaciones de la ribera del río Missisipi, sobre la que avanzó históricamente la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, con las consecuencias dramáticas del huracán Katrina en 2005.
Otra soluciones intermedias serían prohibir nuevos barrios privados en ecosistemas frágiles, y que se revean las autorizaciones otorgadas para seguir construyendo dentro de ellos.
Recomendó también que las empresas “afronten los costos de remediación”, aunque esas obras serían “un paliativo frente a una situación crítica”, que “podrían haberse evitado si hubiera prevalecido la racionalidad”.
Leandro Silva, jefe de ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recordó a Tierramérica que en 2010 ese organismo advirtió a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando sobre los riesgos de la expansión de barrios cerrados en el ecosistema del delta del río Paraná, y los exhortó a respetar estudios de impacto ambiental y a ejercer controles estrictos.
“La recurrencia de las inundaciones y los impactos sobre los ciudadanos más vulnerables hace necesario profundizar estos mecanismos, y ejercer la prevención de un modo activo, desplegando en las cuencas hídricas todos los instrumentos de gestión ambiental que exige la legislación: evaluaciones de impacto ambiental, participación ciudadana, ordenamiento ambiental del territorio y acceso a la información pública”, subrayó.
Este artículo fue publicado originalmente por la red de diarios latinoamericanos de Tierramérica.
Editado por Estrella Gutiérrez
