Conflicto ambiental. Campana: avance inmobiliario dentro del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
Mientras empresarios y funcionarios allanan el camino para un nuevo
negocio inmobiliario sobre los humedales de Campana, los vecinos se organizan
para defender el territorio.
Ciervo de los Pantanos, la
especie protegida y amenazada en el humedal. Foto tomada de la galería de
Parques Nacionales.
Bahías del Paraná, un negocio inmobiliario de la
empresa Brenna Desarrollistas, proyecta un barrio privado de chacras náuticas
sobre el río Paraná y el Canal Santa María (Imagen 1). Para llegar por tierra
hasta el lugar, la empresa planifica atravesar cinco kilómetros del actual
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y conectar el barrio con la
Panamericana.
Mapa del
área en conflicto. La zona en verde representa la extensión del Parque
Nacional.
“Hace unos días encontraron gente haciendo los
primeros lineamientos del camino dentro del Parque Nacional”, contó Jorge,
integrante de Vecinos del Humedal, en diálogo con la Izquierda Diario. Según
relató, se estaban realizando tareas de delimitación del futuro camino y los
guardaparques intervinieron para retirar a quienes se encontraban trabajando en
el lugar.
El proyecto lleva años intentando avanzar en la
zona. Cuando comenzaron las primeras gestiones, el territorio que hoy ocupa el
“Parque Nacional Ciervo de los Pantanos” era la “Reserva Natural Otamendi”, y
uno de los principales obstáculos para el proyecto siempre fue el acceso por
tierra. La empresa, en su propia página web, declara que cuenta con un aval
para intervenir en el territorio protegido. Sin embargo, esa sentencia fue
dictada antes del 2018, cuando la zona no se encontraba bajo el marco legal de
la Ley Nacional 22.351 de Parques Nacionales, la cual establece normas de
protección específicas y políticas restrictivas sobre qué actividades pueden y
no pueden desarrollarse en estas áreas. Es decir, se basan en una sentencia que
hoy en día queda obsoleta en el marco legal.
A la
izquierda, imagen satelital correspondiente a abril de 2006, cuando el
territorio aún no presentaba intervención inmobiliaria. A la derecha, imagen
satelital reciente que muestra el territorio intervenido por Bahías del Paraná,
Image Landsat/Copernicus Google Earth.
La propia empresa documentó públicamente parte de
las intervenciones que comenzaron a transformar físicamente el
territorio. En diciembre de 2024 informó
que había construido más de 6700 metros de canales artificiales para “secar el
campo”, junto con rellenos destinados a elevar el territorio y tapar humedales. En marzo de 2025, volvieron a mostrar avances
en el drenaje, bombeo, desmonte y construcciones de caminos. Lo que para la
desarrolladora aparece presentado como “infraestructura” y “desarrollo” es en
realidad una transformación agravante del ecosistema.
La audiencia pública que nadie vio
La construcción sobre humedales entra en el marco
de proyectos de máxima complejidad, donde es obligatorio realizar un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) con una respectiva audiencia pública. La empresa se
jacta de haber realizado esta última el 10 de abril del presente año, y declara
que el veredicto fue en favor al negocio inmobiliario. Sin embargo, los vecinos
cuestionan esa versión.
“La actividad se realizó
dentro del propio establecimiento privado de Bahías del Paraná, sin una
convocatoria pública que garantizara la participación de la comunidad, y en caso de habernos enterado, nadie nos hubiera
garantizado poder entrar al barrio privado” contó Jorge.
En la página web de Bahías del Paraná se muestran
imágenes de dicha jornada, un grupo reducido de personas (no más de 13),
acomodadas en una sala de ventanales luminosos con vista al río, y cuyos
participantes sólo son autoridades, trabajadores y personas vinculadas a la
empresa. Para ellos, sólo fue un encuentro destinado a legitimar un proyecto ya
decidido.
¿Dónde está el estudio de impacto ambiental (EIA)?
La inmobiliaria sostiene que existe un EIA aprobado
por la Administración de Parques Nacionales, pero dicho estudio parece estar
sólo en la imaginación de la empresa, porque hoy en día la población no puede
acceder a dicha documentación que permita conocer qué fue evaluado, cuándo,
bajo qué normativa y qué obras fueron efectivamente autorizadas.
Los vecinos organizados (“Asamblea Socioambiental
de Campana” y “Vecinos del Humedal”) realizaron pedidos de información al
Municipio de Campana y presentaron notas para conocer expedientes, permisos y
documentación relacionados con el avance de la empresa sobre los humedales.
Según Jorge, las autoridades respondieron que la
documentación existe, pero no entregaron ninguna prueba que permita asegurar
que efectivamente el proyecto está autorizado.
La entrega de humedales al servicio de los
countries
La empresa planea atravesar aproximadamente 5
kilómetros del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos para conectar sus
instalaciones e infraestructura con la Panamericana. El carácter de la intervención
es grave porque se trata de un territorio ecológico complejo de zona inundable,
con humedales, vegetación nativa y corredores biológicos utilizados por la
fauna.
Campana cuenta con una normativa propia destinada a
proteger estos ambientes. La Ordenanza 6660/17 estableció como no urbanizables
las zonas vinculadas al Río Luján y al Delta del Paraná, y restringió
intervenciones que impliquen movimientos de suelo, rellenos o endicamientos que
alteren el funcionamiento natural del ecosistema. Dicha normativa surgió de la
organización de vecinos que durante años denunciaron el avance de la
urbanización sobre zonas inundables.
“Cuando arrancamos con Vecinos del Humedal era
porque querían llenar la zona de barrios privados”, explicó Jorge. La
organización vecinal logró impulsar medidas de protección sobre los humedales y
frenar algunos proyectos. Pero el conflicto continúa.
En junio de 2025, la Organización de Ambientalistas
Autoconvocados presentó una denuncia penal contra Brenna Desarrollistas y
funcionarios del Municipio de Campana. Según consta en el resumen compartido
por la organización, se denuncian delitos de daño agravado, usurpación de
espacio público y aguas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionarios públicos.
La denuncia quedó en la Justicia Provincial bajo el
expediente PP-18-00-03019-25/00. La investigación respecto a los funcionarios
municipales quedó en manos de la UFIJ N1, a cargo del fiscal Alejandro
Irigoyen, mientras que las denuncias vinculadas al daño ambiental y usurpación
fueron tratadas a la Justicia Federal de Campana, donde tramitan bajo el
expediente 31089/2025, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Mientras los vecinos mueven cielo y tierra,
presentan notas, pedidos de informes y denuncias judiciales para que el Estado
controle el avance inmobiliario, la empresa arrasa libremente y sin
restricciones con su proyecto millonario.
No es un hecho aislado
Este caso es sólo un ejemplo más de los ya
conocidos en el delta: en Escobar avanzan proyectos portuarios, en Pilar los
humedales ya fueron transformados en urbanizaciones privadas, y hoy en Campana,
pretenden intervenir de manera ilegal un Parque Nacional.
Es un modelo que convierte el territorio en
mercancía, y mientras el Estado pone todas sus herramientas y recursos al
servicio de los grandes capitales, el gobierno de Javier Milei impulsa en el
Congreso una reforma que busca restringir herramientas estatales como la
expropiación por razones de utilidad pública y avanzar sobre derechos sociales.
Son dos caras de una misma moneda: un Estado que interviene cuando se trata de
garantizar las condiciones para los grandes negocios, y que se retira cuando se
trata de garantizar derechos para las grandes mayorías.
Frente al avance de los
negocios privados y las políticas que buscan blindar la propiedad por encima de
cualquier interés colectivo, la defensa de los bienes comunes necesita
organización popular, acceso real a la información y una verdadera participación
democrática por quienes habitan el territorio.
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