El llamado de atención abarca también una advertencia sobre la precarización de las economías familiares rurales y el impacto sobre los recursos ictícolas que genera la modificación de las islas del Delta con fines agropecuarios.
En los últimos años los proteccionistas denunciaron el accionar de empresas que modifican los terrenos de las islas para impedir el ingreso de agua y, a través de tabiques, terraplenes y movimientos de suelo prepararlos para la siembra o para la cría de ganado. Pero la voz de alerta se redobló cuando, hace poco, advirtieron la existencia de máquinas excavadoras que levantaron terraplenes en riachos ubicados frente a San Lorenzo y Rosario y el comienzo de la temporada de quemas para “limpiar” las islas y acondicionarlas para sus fines.
“A través del cierre de arroyos, la fragmentación del hábitat y la desvinculación de las lagunas interiores de las islas, que son los grandes criaderos de peces del Paraná, con el curso principal del río estamos sellando el futuro de uno de los humedales más importantes del mundo. A esto debemos sumarle la pesca industrial descontrolada y la destrucción del humedal para la instalación de explotaciones agropecuarias”, disparó el directivo de la Fundación PROTEGER, Jorge Cappato.
“Los peces de importancia del Paraná son migradores y, según estudios científicos, esas migraciones transversales son fundamentales para la vida y el desarrollo de la fauna ictícola. A través de estas prácticas nuevas que se pretenden instalar en la zona de islas se interrumpe la vinculación natural que tienen los grandes criaderos naturales de peces (lagunas, lagos y arroyos interiores) con el cauce principal del río”, detalló el proteccionista.
Los impactos son de una gravedad extrema, con consecuencias imposibles de dimensionar y muy difíciles de reparar. Esto va en desmedro de los bienes de uso público como la calidad del agua, de la regulación del clima, y la mitigación de inundaciones y sequías, funciones irreemplazables que cumplen los humedales. “Es imposible de reparar salvo que se vuelva a la situación inicial, porque no hay ninguna maquinaria, tecnología o invento humano que pueda reemplazar las funciones de la naturaleza y de los humedales fluviales”.
Para Cappato, además del daño sobre los bienes comunes se le cerrará el camino y empezarán a retroceder las economías tangibles y concretas de otras actividades que crean muchísima riqueza y puestos de empleo, y que tienen una enorme importancia social en la provincia de Santa Fe, p.ej. aquellas ligadas al turismo y la recreación.
“En un plazo no muy lejano notaremos lo que se ha perdido —sentenció. Empezarán a cerrar las guarderías náuticas, la gente saldrá a pescar y no encontrará nada, un fenómeno que ya está ocurriendo en diversas zonas. Sacarán vacas y soja durante 10 o 15 años más pero después el Delta será un inmenso arenal improductivo”, enfatizó.
Un acuerdo en el freezer
En 2008 se dictó un acuerdo interjurisdiccional entre Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Nación (PIECAS) que reconoce al Delta del Paraná como ecosistema compartido y establece parámetros para su conservación.
Sin embargo, tiempo después la provincia de Entre Ríos promovió una ley que establece un nuevo sistema para la explotación de unas 200 mil hectáreas de lotes públicos en humedales que componen el Delta paranaense y despertó voces críticas desde diversos sectores. Esta normativa flexibilizó el accionar de las empresas agropecuarias que ahora se traduce, por ejemplo, en las numerosas quemas que se advirtieron recientemente frente a Rosario.
Frente a esto, Cappato consideró que “la provincia de Santa Fe no puede permanecer impávida o tibia. No digo que no reacciona, porque desde la Secretaría de Medio Ambiente provincial se enviaron cartas a la Nación para protestar sobre el asunto. Pero sigue siendo una reacción tibia. No se advierte una conciencia real sobre la alteración de la naturaleza y el consecuente impacto directo sobre los intereses económicos, sociales y ambientales de la provincia”.
Las quemas van de la mano indisociable de una concepción productivista que empieza por construir los “polders” y terraplenes; luego queman para avanzar con la teoría perimida de que hay que prender fuego para que rebrote el pasto para las vacas o porque es más barato quemar que desmontar para sembrar soja.
“Lo lamentable es que no podemos golpear las puertas del gobierno entrerriano porque esa provincia dejó arrasar las islas de su pertenencia y ahora no sabe qué hacer con la pobreza del Gran Paraná”. Pero a su juicio, “sí podemos insistir sobre el posicionamiento de la provincia de Santa Fe para defender sus intereses”.
Más Democracia
Para Cappato, un prestigioso periodista retirado santafesino que ahora lidera la Fundación PROTEGER, “esto se arregla con más democracia. Significa avanzar hacia una democracia realmente participativa. Hoy se sigue viendo a la sociedad civil con desconfianza, recelo y temor porque las críticas son canalizadas a través de las ONG representativas ya sean ambientalistas, de derechos humanos o de defensa de la salud”.
Precisamente fue la organización ambientalista “El Paraná No Se Toca” de Rosario la que dio el alerta. El arroyo Los Meoncitos fue cerrado mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras. La actividad es “ilegal, salvo que se demuestre lo contrario”, indican. No es el primer caso. Tampoco hay “ningún tipo de control” por parte de las autoridades, denunciaron los ecologistas.
Desde la organización sostienen que se busca “convertir a las islas del Delta del Paraná en campos para ganadería y cultivos; es absurdo, y sumamente destructivo. Esto ocurre en territorio de Entre Ríos; no hay ningún tipo de control”, aseguran los testigos, quienes además realizaron registros de video y fotografías probatorias que luego volcaron en la red social Facebook.
Riesgo de incendios
Entretanto, ante el alto índice de riesgo de incendios, la Secretaría del Ambiente de Entre Ríos estableció una prohibición de quema de pastizales en las islas hasta el 9 de agosto. Por la medida quedan suspendidas todas las autorizaciones que había emitido el organismo hasta ahora.
Durante la pasada semana se registraron focos en inmediaciones del complejo vial Rosario-Victoria. Aunque las llamas se ubicaban a unos 300 metros de la ruta, no hubo problemas de tránsito porque el viento desvió el humo. No obstante, tanto Gendarmería, como Defensa Civil y el Plan de Manejo del Fuego se mantuvieron en alerta.
Tras la prohibición, la dependencia entrerriana advirtió que intensificó los controles y que aplicarán abultadas multas a quienes incumplan las normas.
